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Inestabilidad jurídica y falta de institucionalidad en el ordenamiento territorial ponen en riesgo la producción de vivienda social y la inversión en proyectos de desarrollo urbano en la Ciudad Heroica

09 Julio

Inestabilidad jurídica y falta de institucionalidad en el ordenamiento territorial ponen en riesgo la producción de vivienda social y la inversión en proyectos de desarrollo urbano en la Ciudad Heroica

CAMACOL Bolívar, siempre respetuoso de la ley y las instituciones, desde el inicio de toda la situación alrededor del proyecto Aquarela en el año 2017, ha realizado múltiples llamados para garantizar la seguridad jurídica en el sector. 

La directiva explica que la situación que hoy padece Cartagena se resume en: proyectos de vivienda social con fundamento en circulares que reglamentan la construcción de vivienda social emitidas por la Secretaría de Planeación Distrital (Circular 10 de 2013), que pretenden ser desconocidas; proyectos certificados por las autoridades competentes y desarrollados en zonas no contempladas ni por el POT ni por normas nacionales como área de influencia de bienes de interés cultural al momento de su licenciamiento, pero que después de la expedición de la licencia fueron incluidas en la zona de influencia por parte del Ministerio de Cultura. 

Hoy en día, nos encontramos que, mediante un oficio en el año 2018, la Alcaldía sin ningún fundamento jurídico dio instrucciones sobre las zonas donde se puede desarrollar la vivienda de interés de social en Cartagena. Esto generó que el sector se viera afectado puesto que por el caso en mención, se ha cuestionado el proceso de expedición de permisos y licencias para desarrollar proyectos VIS y las medidas ahora son inciertas. 

Antes del inicio de esta coyuntura de Covid-19, ya veíamos una disminución del 45% en los lanzamientos de proyectos VIS mientras que a nivel nacional los lanzamientos crecieron un 17,4% en el 2019. Esta disminución se debe a no tener la normativa clara, hoy en día para el licenciamiento de proyectos de Vivienda de Interés Social que están en proceso de preventa o licenciamiento, esta actuación de la administración anterior está teniendo un impacto negativo en la producción de vivienda de interés social y no está permitiendo a los cartageneros acceder a los subsidios del Gobierno Nacional, que son una bolsa de subsidios nacional que se agotan de acuerdo con la demanda en los territorios. El Gobierno Nacional, ya anuncio como una medida de reactivación económica la ampliación de 100 mil subsidios para vivienda de interés social. 

La instrucción dada por el Ministerio de Cultura al Alcalde William Dau, está desconociendo las situaciones jurídicas consolidadas y el principio de legalidad, al solicitar a la Alcaldía Mayor del Distrito, tomar decisiones sobre un informe que no hace parte del expediente de ninguno de los procesos jurídicos que enfrenta el proyecto habitacional Aquarela, ya que es un juez de la República, quien en el marco del proceso legal que se surte para el proyecto, es la autoridad llamada a dar las instrucciones del caso. En este sentido consideramos que las declaraciones del Alcalde William Dau, son acertadas, al respetar el debido proceso y tendrá en cuenta las instrucciones dadas en base a los procesos jurídicos que ya se surten. 

A lo anterior se suma el ejercicio del Control Urbano, el cual cobra relevancia en los municipios y distritos cuando se presentan casos como el de Blas de Lezo, y otros proyectos que ni siquiera contaban con licencia pasaron inadvertidos, como gremio de la construcción estamos de acuerdo que se ejerzan todas las debidas funciones para impedir que este tipo de construcción informales se sigan generando en la ciudad. Las decisiones de control urbano se deben sustentar en soportes y estudios técnicos, y no en criterios subjetivos”, argumenta la gerente de Camacol Bolívar. 

El crecimiento social y económico que el sector edificador puede aportar a Cartagena, donde es evidente la necesidad de proveer viviendas a la población de menos recursos, no puede darse si la inestabilidad jurídica y la falta de institucionalidad no se erradican, en el marco de un trabajo en el que tanto el sector público como el privado ejerzan sus responsabilidades de acuerdo con la Ley”, concluye Angélica Salas. 

¿Qué necesitamos para que no vuelva pasar? 

Que la administración actúe a tiempo a las necesidades del sector, se debe actualizar el marco normativo y jurídico. Se requieren aclaraciones normativas que ayuden a reactivar la construcción en la ciudad en el corto plazo, como lo son: “Normativa de Parqueaderos, Vivienda de Interés Social y Cargas y Beneficios y Cesiones anticipadas, que permitan dinamizar otras zonas de desarrollo en la ciudad”. 

Para el gremio continúa siendo un reto que la ciudad logre culminar con éxito los procesos de elaboración y concertación de instrumentos de ordenamiento territorial como el POT, PEMP, POMCAS, con estudios técnicos y de riesgos precisos, que permitan un desarrollo sostenible del territorio con seguridad jurídica, lo cual sabemos es una prioridad para la administración actual, pero urge tener un plan de trabajo concreto para volver realidad estos instrumentos en el mediano plazo.

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